Entre muchos otros, <\/span>el CCA modifica el r\u00e9gimen de impugnaciones de actos administrativos de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay (Direcci\u00f3n Nacional de la Propiedad Industrial \u2013 \u201cDNPI\u201d) y el proceso para la declaraci\u00f3n de nulidad de estos.\u00a0<\/strong><\/p>\n Es importante para los titulares de derechos de propiedad industrial tener presente cu\u00e1les son las principales reformas que establece el CCA y c\u00f3mo afectan el r\u00e9gimen impugnativo de los actos administrativos y resoluciones de la DNPI.\u00a0<\/span><\/p>\n A modo de introducci\u00f3n general, el sistema jur\u00eddico Uruguayo establece una separaci\u00f3n institucional entre la Justicia Civil y la Justicia Contencioso Administrativa.\u00a0<\/span><\/p>\n Por una parte, la Constituci\u00f3n establece que la <\/strong><\/span>Justicia Civil est\u00e1 a cargo del Poder Judicial<\/strong>, sistema org\u00e1nico presidido por la Suprema Corte de Justicia y que establece un sistema judicial con diferentes \u00f3rdenes: Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia (en caso de recursos de casaci\u00f3n de sentencias). El Poder Judicial tiene competencia para entender en las demandas civiles por infracci\u00f3n a marcas, patentes, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.\u00a0<\/span><\/p>\n Por otra parte, la <\/span>Justicia Contencioso Administrativa es independiente de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y est\u00e1 a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo<\/strong> (en adelante \u201cTCA\u201d) y los \u00f3rganos inferiores que se creen por ley dentro de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa.\u00a0<\/span><\/p>\n La Justicia Contencioso Administrativa tiene competencia para declarar la nulidad de los actos administrativos dictados por la DNPI, una vez agotada la v\u00eda administrativa ante la DNPI y el Ministerio de Industria, Energ\u00eda y Miner\u00eda.\u00a0<\/span><\/p>\n En materia de propiedad industrial, el procedimiento de la Acci\u00f3n de Nulidad es el de un juicio contra el Estado, Ministerio de Industria, Energ\u00eda y Miner\u00eda (en adelante \u201cMIEM\u201d), en tanto jerarca de la DNPI, demandando la nulidad del acto administrativo que concedi\u00f3, rechaz\u00f3 o anul\u00f3 una marca o patente.\u00a0<\/span><\/p>\n Comprende la presentaci\u00f3n de:\u00a0<\/span><\/p>\n \u2013 Demanda por la parte agraviada<\/span><\/p>\n \u2013 Contestaci\u00f3n por el Estado<\/span><\/p>\n \u2013 Apertura de un t\u00e9rmino de Prueba<\/span><\/p>\n \u2013 Plazo final de Alegatos<\/span><\/p>\n \u2013 Dictamen por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo<\/span><\/p>\n \u2013 Sentencia final.\u00a0<\/span><\/p>\n Previo a iniciar el procedimiento de la Acci\u00f3n de Nulidad, el actor debe haber previamente agotado la v\u00eda administrativa, ya sea en forma ficta o expresa, mediante la interposici\u00f3n conjunta y subsidiaria de los recursos administrativos de revocaci\u00f3n y jer\u00e1rquico ante la DNPI y el Poder Ejecutivo.\u00a0<\/span><\/p>\n Si bien el CCA mantiene la misma estructura del proceso, introduce innovaciones importantes que deben tenerse en cuenta:\u00a0<\/span><\/p>\n Las decisiones de la DNPI se impugnan mediante la presentaci\u00f3n conjunta y subsidiaria de recursos administrativos de revocaci\u00f3n y jer\u00e1rquico ante la DNPI y el Poder Ejecutivo respectivamente (qui\u00e9n delega la resoluci\u00f3n del recurso jer\u00e1rquico en el MIEM). A partir de la entrada en vigencia del CCA, <\/span>el plazo para interponer recursos administrativos es de 10 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> (a diferencia del r\u00e9gimen anterior que establec\u00eda un plazo de 10 d\u00edas corridos).<\/span><\/p>\n El CCA ampl\u00eda el plazo para interponer la <\/span>demanda de nulidad de 60 a 90 d\u00edas<\/strong>, el cual comienza a computarse a partir del agotamiento de la v\u00eda administrativa, esto es, la denegatoria expresa o ficta de los recursos administrativos interpuestos.<\/span><\/p>\n El CCA establece que la notificaci\u00f3n de los actos administrativos \u2013 ya sea notificaci\u00f3n personal o a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial \u2013 debe incluir el texto completo del acto, identificar el \u00f3rgano actuante y adem\u00e1s agregar la posibilidad de deducir los recursos correspondientes para agotar la v\u00eda administrativa y el plazo para hacerlo.\u00a0<\/span><\/p>\n Asimismo, el CCA prev\u00e9 que <\/span>el conocimiento informal del acto administrativo no sustituye la notificaci\u00f3n personal o la publicaci\u00f3n en el Diario Oficial seg\u00fan corresponda<\/strong> y, por ende, no determina el comienzo del plazo para recurrir.<\/span><\/p>\n Por lo tanto, se mantiene el entendimiento de que la publicaci\u00f3n de la noticia de la concesi\u00f3n o desestimaci\u00f3n de una marca o una patente por parte de la DNPI en el Bolet\u00edn de la Propiedad Industrial no marca el inicio del c\u00f3mputo del plazo para deducir recursos administrativos.<\/span><\/p>\n En caso de que transcurran los plazos legales con los que cuenta la DNPI y el MIEM para resolver peticiones y recursos administrativos (150 d\u00edas en el caso de peticiones presentadas ante la DNPI y 200 d\u00edas para el caso de recursos administrativos interpuestos ante la DNPI y el MIEM) y no haya existido una resoluci\u00f3n expresa sobre la petici\u00f3n\/los recursos, el CCA prev\u00e9 la posibilidad de solicitar el urgimiento de la resoluci\u00f3n.<\/span><\/p>\n En caso que transcurran 30 d\u00edas desde el d\u00eda siguiente a la presentaci\u00f3n de la solicitud de urgimiento y no exista una resoluci\u00f3n expresa, se considerar\u00e1 que hay una ratificaci\u00f3n de la denegatoria ficta.<\/strong><\/p>\n En el caso del urgimiento de los recursos administrativos, si no hay un pronunciamiento expreso en los 30 d\u00edas <\/span>se reabre el plazo para presentar demanda de nulidad<\/strong>, siempre y cuando no se haya verificado la caducidad bienal de la acci\u00f3n de nulidad (esto es, no hayan transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os desde la fecha de interposici\u00f3n de los recursos administrativos).\u00a0<\/span><\/p>\n Como ya mencion\u00e1ramos, como gran innovaci\u00f3n el CCA crea dos juzgados de primera instancia \u2013 Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio (en adelante, \u201cJLCA\u201d \u2013 en la \u00f3rbita de la justicia contenciosa administrativa y prev\u00e9 la posibilidad de crear en el futuro un tribunal de apelaciones para que actu\u00e9 en segunda instancia (no creado a\u00fan). Hasta tanto no se cree el tribunal de apelaciones, el TCA operar\u00e1 como tribunal de segunda instancia y tendr\u00e1 competencia para entender en los recursos de apelaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n El CCA establece que los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio tienen competencia en primera instancia en caso de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jur\u00eddicos particulares.<\/span><\/p>\n En virtud de lo anterior, las demandas de nulidad de resoluciones (actos administrativos con efectos particulares) de la DNPI que deniegan o rechazan registros de marcas o de patentes<\/span> deben ahora presentarse ante el JLCA<\/strong> y no directamente ante el TCA (como suced\u00eda en el r\u00e9gimen anterior).\u00a0<\/span><\/p>\n Como ya mencion\u00e1ramos el nuevo r\u00e9gimen <\/span>el TCA actuar\u00e1 como tribunal de segunda instancia<\/strong><\/span> \u2013 hasta tanto no se establezca un tribunal de apelaciones \u2013 y ser\u00e1 quien entienda en los recursos de apelaci\u00f3n que se presenten contra las decisiones de primera instancia de los JLCA.\u00a0<\/span><\/p>\n Esta es una innovaci\u00f3n sumamente relevante, ya que el r\u00e9gimen anterior era de instancia \u00fanica ante el TCA y no permit\u00eda la posibilidad de interponer recurso de apelaci\u00f3n contra las sentencias definitivas.\u00a0 <\/span>Ahora se prev\u00e9 la posibilidad de un r\u00e9gimen de doble instancia para demandar la nulidad de las resoluciones de la DNPI.\u00a0<\/strong><\/p>\n Asimismo, el CCA establece algunos casos en los cuales los JLCA poseen competencia de instancia \u00fanica (esto es, no se prev\u00e9 la posibilidad de apelaci\u00f3n), siendo uno de ellos la solicitud de anulaci\u00f3n de actos administrativos en asuntos cuya cuant\u00eda no exceda de las 70 unidades reajustables (aprox. USD 2500), para cuya determinaci\u00f3n se estar\u00e1 a la cuant\u00eda expresada por el actor en la demanda, salvo que ella surja del acto que se impugna.\u00a0<\/span><\/p>\n Por tanto, para casos de impugnaci\u00f3n de resoluciones de la DNPI cuya cuant\u00eda no exceda el monto mencionado, el proceso anulatorio podr\u00eda ser de instancia \u00fanica y no contemplar la posibilidad de deducir apelaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n Finalmente, cabe destacar que de acuerdo a las normas de distribuci\u00f3n de competencia del CCA, el TCA <\/span>tiene competencia en instancia \u00fanica para entender en demandas de nulidad que se presenten contra actos administrativos con efectos generales.<\/strong><\/p>\n Por tanto, en el caso de decisiones con efectos generales que dicte la DNPI \u2013 por ejemplo, reglamentos u otras normativas con alcance general \u2013 la demanda de nulidad debe interponerse ante el TCA y no ante los juzgados de primera instancia.\u00a0<\/span><\/p>\n En una innovaci\u00f3n del CCA, se prev\u00e9 la posibilidad de \u2013 previo a la presentaci\u00f3n de la demanda de nulidad \u2013 iniciar procesos preliminares, con el fin de anticipar el diligenciamiento de prueba, obtener elementos o informaci\u00f3n necesaria para iniciar la demanda, o adoptar medidas cautelares o anticipativas.\u00a0<\/span><\/p>\n Para poder adoptar estas medidas se deben haber interpuesto los recursos correspondientes contra el acto administrativo y pueden iniciarse a\u00fan si no se agot\u00f3 la v\u00eda administrativa.\u00a0<\/span><\/p>\n La solicitud de medidas cautelares requiere la presentaci\u00f3n de contracautela, en los casos y la forma que el tribunal determine.\u00a0<\/span><\/p>\n Es importante destacar que el CCA prev\u00e9 la solicitud de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del acto como una medida cautelar espec\u00edfica y, para esta medida, se exonera expresamente del requisito de la contracautela.\u00a0<\/span><\/p>\n En otra innovaci\u00f3n del CCA, se prev\u00e9 la <\/span>posibilidad de la intervenci\u00f3n coadyuvante de terceros tanto con el actor (demandante) como con el demandado (en el caso de actos de la DNPI, el demandado es el MIEM).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Para poder coadyuvar como tercero con el actor, en el caso de actos administrativos con efectos particulares (por ejemplo, resoluciones de la DNPI), quien comparezca debe cumplir con los requisitos para deducir acci\u00f3n de nulidad, esto es, ser titular de un inter\u00e9s directo, personal y leg\u00edtimo, haber agotado la v\u00eda administrativa mediante la interposici\u00f3n de recursos y que no se haya vencido a su respecto el plazo de caducidad para deducir la demanda de nulidad.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n No obstante, en caso de impugnaci\u00f3n de actos administrativos con efectos generales (por ejemplo, decretos o reglamentos), en ese caso no es necesario que el tercero cumpla tambi\u00e9n con los presupuestos para solicitar la nulidad del acto.\u00a0<\/span><\/p>\n Asimismo, el CCA regula exhaustivamente la intervenci\u00f3n de terceros coadyuvantes con el demandado (ya sea como litisconsortes facultativos o necesarios).\u00a0<\/span><\/p>\n Cabe destacar que <\/span>el CCA considera a los terceros \u2013 ya sea coadyuvantes con el actor o con el demandado \u2013 como terceros litisconsorciales<\/strong>,<\/strong> a diferencia de lo que suced\u00eda en el r\u00e9gimen anterior, en el cual la jurisprudencia del TCA los consideraba como terceros coadyuvantes simples. En la pr\u00e1ctica, ello implica que los terceros no dependen del demandado para realizar actos procesales tales como interponer recursos contra las providencias y la sentencia definitiva que se emita.<\/span><\/p>\n El CCA dedica varios art\u00edculos a regular los efectos de la sentencia definitiva del proceso contencioso anulatorio.<\/span><\/p>\n La sentencia \u00fanicamente puede confirmar el acto (rechazando la demanda), anularlo o confirmarlo pero reservando la posibilidad de que el actor acuda a demandar los da\u00f1os y perjuicios que el acto le hubiere causado.<\/span><\/p>\n En cuanto a los efectos subjetivos de la sentencia, en el caso de sentencias anulatorias las mismas tienen efecto entre las partes, salvo en casos en los que el TCA les haya atribuido efectos generales y absolutos.\u00a0 <\/span>En cuanto a los terceros, la sentencia anulatoria solamente les ser\u00e1 oponible si fueron citados o intervinieron espont\u00e1neamente en el proceso<\/strong>, salvo que \u2013 como coment\u00e1ramos arriba \u2013 el TCA haya atribuido efectos generales y absolutos a la sentencia.\u00a0<\/span><\/p>\n En cuanto a los efectos temporales, la sentencia anulatoria tendr\u00e1 efectos retroactivos al momento del dictado del acto o de la ocurrencia de la irregularidad causal si ella se hubiese producido en el procedimiento previo a su dictado.<\/span><\/p>\n En una innovaci\u00f3n del CCA, se se\u00f1ala que, en el caso de irregularidades formales, el tribunal debe se\u00f1alar si la Administraci\u00f3n conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto leg\u00edtimo.\u00a0<\/span><\/p>\n Asimismo, el CCA impone la obligaci\u00f3n a todas las Administraciones de cumplir con las sentencias anulatorias firmes y establece que los actos administrativos anulados, los reiterativos total o parcialmente de aquellos o los dictados en contravenci\u00f3n de fallos anulatorios, carecer\u00e1n de eficacia y, en consecuencia, ser\u00e1n desaplicados cualquiera sea la jurisdicci\u00f3n en la que se pretenda ejecutarlos sin que sea necesario recurrirlos administrativamente.<\/span><\/p>\n En otra importante innovaci\u00f3n frente al r\u00e9gimen anterior, el CCA reconoce expresamente la posibilidad de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa de ejecutar directamente sus propias sentencias en caso que no sean cumplida<\/strong><\/span>s.<\/strong><\/p>\n La normativa establece que la parte puede solicitar al tribunal determinar el plazo de cumplimiento de la sentencia y que en caso de que la misma no se cumpla, sea total o parcialmente, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinente para dar cumplimiento a la sentencia, incluyendo pero limitado a intimar el cumplimiento, imponer astreintes o conminaciones econ\u00f3micas y personales a la parte incumplidora, e incluso dar cuenta del incumplimiento a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que analice las responsabilidades penales que pudieren corresponder.<\/span><\/p>\n Interpretando el art. 312 de la Constituci\u00f3n Uruguaya, el CCA establece a texto expreso que cuando se opte por promover una acci\u00f3n reparatoria ante el Poder Judicial por un acto administrativo (en vez de demandar su nulidad), <\/span>no es necesario haber previamente agotado la v\u00eda administrativa mediante la interposici\u00f3n de recursos administrativos.<\/strong><\/p>\n Ello pone fin a la discusi\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial existente sobre si el art. 312 de la Constituci\u00f3n exig\u00eda en todos los casos el previo el agotamiento de la v\u00eda administrativa para promover la acci\u00f3n reparatoria ante el Poder Judicial.\u00a0<\/span><\/p>\n Es importante tener en cuenta que el CCA ya se encuentra vigente desde el 24 de diciembre de 2024<\/b><\/span>\u00a0y que las normas procesales del C\u00f3digo aplican a los procesos iniciados a partir de su vigencia.\u00a0<\/span><\/p>\n Para los procesos en curso sigue aplic\u00e1ndose el r\u00e9gimen jur\u00eddico anterior a la entrada en vigencia del CCA.\u00a0<\/span><\/p>\n \u00a0<\/span><\/p>\n *************<\/span><\/p>\n Nuestros equipos de <\/span>FISCHER Administrativo & Regulatorio<\/strong> y de <\/span>FISCHER Propiedad Intelectual<\/strong> con gusto est\u00e1n a la orden para asesorarles en cuanto a las implicancias de la entrada en vigencia del C\u00f3digo de lo Contencioso Anulatorio y la impugnaci\u00f3n de decisiones de la DNPI o de otras administraciones estatales.\u00a0<\/span><\/p>\n Por dudas o consultas pueden contactar a:<\/span><\/p>\n Implicancias en cuanto a la impugnaci\u00f3n de decisiones de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay. A partir del […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":83219,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[2,69,90],"tags":[],"class_list":["post-83187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-propiedad-intelectual","category-administrativo-regulatorio","category-alertas-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=83187"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83232,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83187\/revisions\/83232"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/83219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=83187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=83187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.fischer.uy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=83187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/h5>\n
Dos sistemas diferentes: Justicia Civil y Justicia Contencioso Administrativa en Uruguay.\u00a0<\/b><\/span><\/h5>\n
Principales modificaciones introducidas por el CCA en cuanto a la impugnaci\u00f3n de actos de la DNPI.\u00a0<\/b><\/span><\/h5>\n
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\u00bfC\u00f3mo podemos ayudarlo?\u00a0<\/b><\/span><\/h5>\n
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